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Revista N°13

Revista NUEVA POLÍTICA 13 - Oct/2012 - 75 en la Coordinación de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) se solidarizaron con el pueblo Yanoma- mi. De este modo, COIAM denunció a la masacre como una situación que “afecta los derechos a la vida, la integri- dad física y cultural de los Yanomami” y además como “un nuevo genocidio y una nueva amenaza a la sobrevivencia física y cultural de los Yanomami”. Survival denuncia, se retracta y advierte: Inicialmente, Survival International hizo la denuncia de la masacre tras haber- se comunicado con los sobrevivientes que “habían salido de cacería y escu- charon el ruido de un helicóptero en el que llegaron los garimpeiros, y explo- siones y disparos en el 'shabono' que encontraron quemado.” Los testimo- nios se presentaron un mes después del presunto hecho dado lo remoto del lugar donde se encuentra la comuni- dad, lo lejos que queda de zonas po- pulosas y la barrera lingüistica que se presenta entre el español y el dialecto Yanomami. Survival International lue- go se retractó, pero continuó denun- ciando el abuso de las comunidades indígenas en la región a manos de los garimpeiros y reconoció el alto índice de violencia. Por su parte, el diputado Andrés Aveli- no,miembrodelaComisióndePueblos Indígenas de la Asamblea Nacional de Venezuela, continúa respaldando la de- nuncia de la Horonami. El gobernador del estado Amazonas, Liborio Gua- rulla, también ha hecho un llamado a que se continúen las investigaciones. De hecho, tanto Guarulla como Romel Guzamana, coordinador general de la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (COIBA), cuestionan las de- claraciones por parte de la ministra Ni- cia Maldonado asegurando el bienes- tar de las comunidades indígenas en la zona. Guzamana también explicó que “uno de los sobrevivientes en Puerto Ayacucho sostiene que está vetado al acceso a la información, por lo que no podemos saber hasta qué punto es cierto todo lo que se ha dicho”. En época electoral, los indígenas pierden: En un país donde todo tiene un tinte político, este caso se ha vuelto tan- to controversial como contradictorio. Como tal, se debe tener en cuenta que la presunta masacre se dio a conocer en tiempo de campaña presidencial para las elecciones del 7 de octubre. Es decir, en un tiempo en el que este tipo de incidente podría perjudicar al gobierno actual del presidente Hugo Chávez quien busca la reelección. Por un lado, el gobierno venezolano ha se- ñalado que no encontró evidencia de la presunta masacre. Por su parte, José Arianna Mirabal, jefe de la Medicatura Forense de Amazo- nas, no ratifica la versión oficial que descarta la masacre. Mirabal explica que “yo no puedo certificar que se haya encontrado a Irotatheri, porque no se nos permitió acercarnos al lugar.” De acuerdo al jefe de Medicatura, cinco integrantes de la comisión tuvieron que permanecer en el helicóptero sin que se apagaran los motores. Es decir, “sólo diez minutos estuvo la comisión oficial en Irotatheri.” A su vez, Mirabal cuestiona el hecho de que la ministra de los Pueblos Indígenas Nicia Mal- donado presuntamente llegara a Iro- tatheri a descartar la masacre, pero que los civiles que formaban parte de la comisión no tuvieran permitido in- vestigar el sitio. También es importante establecer que para el pueblo Yanomami la pala- bra tiene gran valor así que el que un mensajero informara sobre la masa- cre tiene un peso fundamental y vale más que una investigación apresura- da. Al mismo tiempo, en el Vicariato de Puerto Ayacucho se ha informado que los Yanomami tienen mucho miedo a hablar de lo ocurrido. Esto complica la difu- sión del informe que está preparando la Or- ganización Horonami que sólo podrá hacerlo público cuando el pue- blo Yanomami se lo autorice. Un llamado a la protec- ción de los derechos humanos intensa- mente desprotegidos: Como embajadora de la Paz por UNESCO y como vocera y repre- sentante del pueblo Wayuú, Patricia Velásquez ha decla- rado que “al Yanomami no le importa que haya elecciones el 7 de octubre, sólo quiere que se le escuche”. La Red Latinoamericana y del Caribe para la democracia (RedLad) hace eco a esta declaración, urge a las autoridades ve- nezolanas a que continúen su investi- gación y reconoce la necesidad de es- cuchar a la voz Yanomami antes que a cualquier interés político. Cabe destacar que a partir de los asesi- natos de Haximú y al cabo de un proce- so que demoró 15 años, el Estado ve- nezolano acordó un compromiso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la adopción de medidas de vigilancia, protección y salud en los territorios Yanomami. No obstante, en Septiembre de 2012, el gobierno de Hugo Chávez presentó la denuncia para retirar a Venezuela de la CIDH, lo que violenta varios artículos de la Constitución Bolivariana. A partir de esta decisión arbitraria, la RedLad se une a la comunidad inter- nacional y la venezolana en señalar la increíble desprotección de los dere- chos humanos que resultará para los venezolanos. En particular, la Red La- tinoamericana y del Caribe para la de- mocracia reconoce el riesgo aún más alto para los Yanomami y las demás comunidades indígenas ya agredidas, desprotegidas y marginalizadas por una historia colonial y un estigma so- cial cruel y persistente.

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