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ePaper created 2015-11-10, 04:52:40 | version 1.33.00
Resumen Ejecutivo Un Grupo de Familiares de las Víctimas de Venezuela solicitó a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar una investigación preliminar por los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios de alto nivel del Gobierno de Venezuela (GOV) desde febrero de 2014. Se presentó una lista confidencial que incluye a los altos funcionarios involucrados en la comisión de los crímenes, así como una cantidad importante de elementos que confirma que los hechos presentados cumplen con los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma de la CPI para ser considerados como crímenes de lesa humanidad de: a) Asesinato en virtud del artículo 7 (a); b) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional de conformidad con el artículo 7 (e); c) Tortura conforme con el artículo 7 (f): d) Persecución de un grupo político de conformidad con el artículo 7(h); y e) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o que atenten contra la integridad física o la salud mental o física de conformidad con el artículo 7 (k). Los crímenes se cometieron en el contexto de protestas pacíficas que se iniciaron a principios de febrero de 2014 por civiles desarmados, quienes acudieron a protestar motivados por la crisis socioeconómica que vive Venezuela. El Presidente Maduro conjuntamente con integrantes de su entorno más cercano, el cual se conoce como el Alto Mando Político de la Revolución Bolivariana diseñó un plan para amedrentar, confrontar, y castigar a la disidencia, y además organizó y participó en la aplicación de dicho plan que generó la comisión de crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Como parte de este plan, el Presidente Maduro y funcionarios del gobierno pertenecientes a su entorno mas íntimo desplegaron a las fuerzas de seguridad del Estado y a grupos paramilitares pro gubernamentales, que se encuentran bajo el control de facto del Presidente, estos respondieron con violencia brutal, indiscriminada y desproporcionada frente a protestas y manifestaciones que inicialmente eran pacíficas. La respuesta incluyó el uso de armas de fuego contra civiles desarmados. Las fuerzas de seguridad del Estado, actuando en coordinación con los grupos paramilitares armados pro-gobierno, previamente convocados a intervenir por el Presidente Maduro, reprimieron a los manifestantes, quienes en su mayoría protestaban pacíficamente, calificándolos de fascistas, esto desencadenó en el empleo excesivo e indiscriminado de la fuerza contra ellos, lo que resultó en: i) La muerte, al menos, entre 33 a 36 civiles desde febrero de 2014; (ii) la detención arbitraria de al menos 638 personas quienes posteriormente fueron liberados, aunque nunca fueron presentados ante un tribunal como lo establece el ordenamiento jurídico venezolano, y el encarcelamiento de entre 3.351 y 3.758 personas. Al 31 de mayo de 2015, todavía había 77 presos políticos de los cuales 12 son estudiantes y seis son mujeres, actualmente hay 74 presos políticos; (iii) al menos 437 personas detenidas durante las protestas fueron víctimas de tortura, de acuerdo con el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, y hubo 138 víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes conforme al Foro Penal; y iv) por lo menos 878 civiles heridos desde febrero 2014, según fuentes oficiales.